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23 febrero 2012

Camargo da un paso más en el procedimiento legal para frenar los efectos negativos de la Ley de Costas en el municipio




Movellán anuncia que llegará “hasta donde sea necesario”

Camargo da un paso más en el procedimiento legal para frenar los efectos lesivos de la Ley de Costas en el municipio. Tras presentar en septiembre un escrito de alegaciones, el Ayuntamiento continúa el procedimiento legal con la presentación la pasada semana  de un Requerimiento a la Demarcación de Costas dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que deje sin efecto el deslinde marítimo terrestre en el tramo de costa de 12.477 metros correspondientes en su totalidad al Ayuntamiento y que considera según consta en el escrito, lesivo para sus intereses.

En el ámbito jurídico, cuando una Administración pública se encuentra enfrentada a otra, cuenta con la figura del Requerimiento como paso previo a llegar a los tribunales mediante un recurso Contencioso Administrativo.
El Alcalde de Camargo, Diego Movellán,  ha manifestado su intención de continuar liderando “hasta donde sea necesario la lucha por evitar el  perjuicio desproporcionado e injustificable que la aplicación del deslinde establecido según la Ley de Costas crea al municipio, a sus industrias y a muchas familias”. Se estima que en toda la región están en riesgo 1.200 industrias y 25.000 puestos de trabajo directos como consecuencia de esta Ley cuyos efectos ya se hacen sentir en empresas ubicadas en las zonas afectadas. Éstas ven como antes podían obtener financiación bancaria poniendo sus instalaciones como aval mientras encuentran ahora que éstas carecen de valor para este fin según denunciaron los propios empresarios afectados.
Movellán ha liderado diversas acciones en contra de esta Ley. Ya desde la oposición inició las reivindicaciones para su retirada y tras asumir la alcaldía presentó una moción en este sentido para la que logró el apoyo de todos los Grupos Municipales y que suscitó el respaldo público de colectivos empresariales afectados. Tras la presentación de las alegaciones en el plazo correspondiente, el proceso continúa ahora con la presentación del requerimiento ante la Demarcación de Costas “para que revoque el acto lesivo para los intereses de esta Corporación”.
El objetivo de la Ley es devolver a su estado natural las zonas de costa. Sin embargo, su redacción se orienta especialmente a atajar la problemática existente en algunas zonas del Mediterráneo en que se ha edificado en parajes naturales y en las que la eliminación de algunas construcciones más o menos aisladas permitiría devolver el paisaje y el entorno a su estado original preservando así su calidad ambiental.
Como consecuencia, en el caso de Camargo, esta Ley no distingue la realidad actual del territorio por lo que pretende lograr el mismo efecto en áreas urbanas e industriales largamente consolidadas como el Polígono de Raos, zonas residenciales en la Ría del Carmen, Avenida de la Libertad, el Barrio del Carmen, la Llosuca en Revilla y centros educativos IES valle de Camargo y Ría del Carmen así como  ámbitos industriales en los que se ubican empresas como Equipos Nucleares, B3 cable Solutions o Draka Comteq.
La realidad de estas zonas las dejaría excluidas con arreglo al artículo 18 de la Ley de Costas dado que el territorio ha perdido las características naturales de la zona marítimo-terrestre en estos puntos. En este punto se apoyó el escrito de  alegaciones presentado en septiembre por el Ayuntamiento en el que se hacía constar que “la recuperación de las características naturales que pudieran tener antaño no solo en algunos casos se tornan imposibles de recuperar sino que en otros supondría unos costes económicos, sociales y medios ambientales totalmente desproporcionados con respecto al beneficio que se conseguiría”.
En base a ello, el Ayuntamiento ha presentado la pasada semana un Requerimiento para que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente revoque lo que considera un acto que daña gravemente los intereses de Camargo.
Camargo es uno de los municipios de España más afectado por esta ley que marca el plazo de 2018 para que zonas como el Polígono de Raos regresen a su estado original, lo que supone que de derriben las construcciones y se devuelva la costa a su situación anterior a la construcción.

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